Para el bloque de diputados de Unión por la Patria, con el veto de la Ley de Movilidad Jubilatoria que ha anticipado, “Javier Milei confirma una vez más su inhumanidad: motosierra para los más débiles”. De esta manera, agregan, “decide caer con toda crueldad sobre los ingresos de las y los jubilados, que ya vienen padeciendo el 27% del ajuste llevado adelante por el Gobierno de La Libertad Avanza, en tan sólo 8 meses de gobierno”.
A través de un comunicado, el bloque de UP sostiene que “la situación de los jubilados es crítica, tenemos adultos mayores bajo la línea de la pobreza porque las jubilaciones están en el mínimo histórico, mientras que la jubilación mínima con el bono para al mes de julio sufrió una caída interanual de 10,6% y de 5% comparando a diciembre de 2023”.
En tanto, la ley aprobada por los dos tercios del Congreso Nacional según UP “garantiza no tener más jubilados bajo la línea de pobreza”. ¿Por qué? Porque entre los principales acuerdos que se expresan en la ley está el de no desvincular las jubilaciones a los salarios y la necesidad de blanquear el bono con la canasta. Al disponer que el haber mínimo no podrá ser inferior a 1,09 canastas básicas por adulto (que publica mensualmente el INDEC).
Además, con la actualización anual por salario (50% de la diferencia de RIPTE) la ley propone lograr una mejora si crece la economía. “El veto presidencial demuestra que Milei quiere que los haberes queden por el piso”, afirma el bloque que conduce Germán Martínez, para el cual “es potestad del Congreso Nacional establecer la movilidad, principio reconocido por los fallos de la Corte Suprema de la Nación. En tanto, el veto presidencial viene a reforzar un DNU que le dio menos que la inflación autoproducida de enero de 2024, hecho que reconocieron hasta los senadores de La Libertad Avanza en su dictamen de minoría, al reconocer la necesidad de otorgar el aumento del 8,1% que impacta en el total de los casi 5,9 millones de jubilados y pensionados”.
Por otra parte, sostiene el comunicado que “para las provincias que no transfirieron la Caja Previsional la ley establece que el ‘superávit trucho’ no se sostenga a costa de los trabajadores provinciales. De esta forma, también termina con la extorsión del Gobierno nacional sobre los gobernadores”.
Recuerda el bloque de diputados de UP que la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC) estimó que esta nueva fórmula de movilidad jubilatoria tendría un costo fiscal del 0,43% del Producto Bruto Interno (PBI). Equivalente a los cambios tributarios del Paquete Fiscal del gobierno y la reducción de Bienes Personales de la Ley Bases. “Lo que no dice el oficialismo sobre la sustentabilidad de ANSeS es que el principal problema del déficit previsional es la caída de la actividad económica. En lo que va del 2024 ya se perdieron unos 197.000 empleos formales, la mayor caída del empleo asalariado desde 2002”, afirma UP, que por último sostiene que “el veto de Milei profundizará los problemas que hoy padecen los jubilados e impedirá recuperar lo perdido, darle previsibilidad al futuro de los jubilados, incorporar el bono al haber como así también contemplar la situación de los jubilados provinciales”.
“Desde el bloque de Unión por la Patria seguiremos insistiendo en su sanción definitiva. Que las y los jubilados argentinos puedan vivir dignamente es un acto de estricta justicia social”, concluyen los diputados de Unión por la Patria.