El marco regulatorio y de promoción de la actividad audiovisual impulsado por el gobernador Axel Kicillof es una ley largamente demandada por el sector. La iniciativa apunta a proteger el trabajo y reconocer el valor simbólico e identitario, como así también el aporte al desarrollo económico de esta industria cultural, declarándola una “actividad productiva de interés público, valor estratégico” y “patrimonio invaluable”. “Este proyecto de ley se construyó sobre la base de decenas de anteproyectos, en un enriquecedor debate que se dio entre el Poder Ejecutivo, asociaciones, artistas, universidades, el Foro Audiovisual de la provincia, trabajadores y trabajadoras de la industria cultural” destacó la diputada Margarita Recalde.
El proyecto aprobado tiene por objetivo “estimular, fomentar, promover y proteger la creación, producción, distribución y exhibición nacional e internacional de contenidos audiovisuales bonaerenses, en su cadena de valor, en su dimensión social, laboral, cultural e industrial, telecomunicacional y comercial, así como su difusión y conservación como parte del patrimonio cultural de la provincia, como aporte a la soberanía nacional, al fortalecimiento de la memoria, a la diversidad de la identidad, al desarrollo de las culturas (sic) y la educación” reza el texto. “No es muy difícil explicar lo que implica el audiovisual en términos de promoción de nuestra propia cultura, pero muchas veces se soslaya o subestima el impacto en términos económicos” advirtió la diputada Viviana Dirolli, presidenta de la Comisión de Asuntos Culturales. En esa línea, remarcó que “por cada mil pesos invertidos se generan entre 600 y 900 en el resto de la cadena de valor” y que “por cada 100 empleos directos, se crean entre 50 y 70 en otros sectores económicos”. Y tras denunciar “una enorme campaña de desprestigio del cine nacional por parte del gobierno nacional”, ponderó que el proyecto sancionado, “que tenía un esquema de fomento a nivel local, incorpore un esquema para atraer inversiones”. En este marco, sostuvo que “la provincia de Buenos Aires tiene una oportunidad muy importante por su extensión territorial, por las locaciones; es una provincia que tiene ciudades, campos, sierras, salinas, puertos, mar; que tiene recursos artísticos y técnicos calificados, que tiene infraestructura adecuada. Resulta difícil pensar que cualquier producción que tenga como destino la Argentina no elija la provincia para hacer algunos de los procesos” vaticinó.
En otro orden se expresó la diputada María Laura Cano Kelly, autora de la ley que busca declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación la que fuera la última morada de Rodolfo Walsh. Al respecto, valoró la sanción de este proyecto como “un paso muy importante en la reparación histórica para su memoria, para su familia y para todos aquellos que no bajamos las banderas y seguimos luchando por Memoria, por Verdad y por Justicia”. En este sentido, Cano Kelly sostuvo que “la pelea contra la impunidad de los responsables del asesinato de Rodolfo Walsh sigue más vigente que nunca. Éste es un acto de justicia, que se da en el particular contexto en el que el Gobierno nacional intenta legitimar discursos de odio y decir que lo que sucedió estuvo bien”. La recuperación de este inmueble -en el que Walsh escribió su famosa “Carta Abierta a la Junta Militar”- es impulsado por su hija Patricia, presente en el recinto, quien declaró que tras el operativo que terminó con la vida del periodista y escritor un grupo de tareas se robó “hasta las canillas”. La casa, que fue declarada Patrimonio Histórico por la municipalidad de San Vicente, está ocupada por la hermana de un ex subcomisario de la policía bonaerense, cuerpo que formó parte del operativo que terminó con la vida del autor de la “Operación Masacre”. Si el proyecto se convierte en ley, la propiedad será destinada al Sitio por la Memoria que se centrará en la difusión de la obra y trayectoria del periodista y militante político.
El proyecto suscitó un nivel de debate que derivó en la solicitud del presidente del bloque de Unión por la Patria, Facundo Tignanelli se le aplique al diputado Guillermo Castello el artículo 212 del reglamento por las palabras esgrimidas para oponerse al texto. El artículo invocado prevé que “en caso de que un diputado incurra en reiteradas faltas graves” se vote la posibilidad de analizar la aplicación del artículo 99 de la Constitución Provincial, que establece que “cada Cámara podrá corregir a cualquiera de sus miembros por desorden de conducta en el ejercicio de sus funciones”.. “Es sabido que dentro del respeto democrático cualquiera puede hacer uso de opinión y plantear lo que se le ocurra. Lo que no está permitido en una casa de estas características es hablar permanentemente en contra de la democracia y en contra de los derechos humanos. Que se establezca una comisión para analizar los dichos permanentes que tiene en contra de la democracia el diputado Castello” pidió Tignanelli. La moción fue aprobada. “Yo no estoy en contra ni de la democracia ni de los derechos humanos” se defendió Castello.
También obtuvo aprobación y fue girado al Senado el proyecto del propio Tignanelli que deroga el inciso g) del artículo 12 de la Ley N°6717 “Régimen Legal de la Caja de Previsión Social para Abogados” de la provincia, que impone actualmente una contribución adicional del diez por ciento en la Tasa de Justicia que deben abonar las personas involucradas en procesos judiciales, monto que se asigna al fondo solidario de la Caja de Previsión Social de los abogados bonaerenses. “Esta sobretasa en cabeza de los ciudadanos como requisito para poder acceder al sistema de justicia no hace más que disuadirlos de iniciar o continuar acciones judiciales, debido a los altos costos involucrados” fundamentó el diputado, y “esto atenta contra el principio de acceso a la justicia, garantizado en la Constitución Nacional, y perjudica especialmente a los sectores más vulnerables”, aseguró.
Además de los proyectos en debate, juró como diputada por la quinta sección Geraldine Calvella en lugar del libertario Alejandro Carrancio, quien solicitó licencia para ocupar un cargo en la Secretaría de Turismo de la Nación.