El Senado sancionó la nueva Ley de Discapacidad: cuáles son las modificaciones

La iniciativa obtuvo 71 votos a favor y ninguno en contra. El nuevo régimen garantiza la continuidad de las principales prestaciones, permite compatibilizar la pensión con un empleo formal bajo determinadas condiciones y establece plazos para cancelar deudas con prestadores.

Después de meses de reclamos de organizaciones, familias y trabajadores del sector, el Senado convirtió en ley el proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa fue aprobada el jueves 19 de noviembre por unanimidad, con 71 votos afirmativos y ninguno negativo, y dejó atrás el carácter transitorio del esquema de emergencia que vencía a fin de año.

El proyecto ya había recibido un amplio respaldo en la Cámara de Diputados, donde obtuvo 237 votos a favor, 9 en contra y 4 abstenciones. Con la aprobación de la Cámara alta, el Congreso dio sanción definitiva a una norma que busca garantizar la continuidad de las políticas de atención, las pensiones y las prestaciones destinadas a las personas con discapacidad.

La votación se produjo en medio de una fuerte expectativa del sector. Durante el debate, representantes de organizaciones y familiares se movilizaron frente al Congreso para reclamar que los derechos reconocidos en la legislación se traduzcan en respuestas concretas y en el cumplimiento efectivo de las obligaciones del Estado.

Qué establece la nueva Ley de Discapacidad

Uno de los puntos centrales es que las principales disposiciones del régimen de emergencia pasan a integrar un esquema de carácter permanente. De esta manera, la continuidad de las prestaciones ya no queda atada al vencimiento de una declaración de emergencia.

La norma mantiene la pensión no contributiva por discapacidad en un monto equivalente al 70% de la jubilación mínima y conserva el Certificado Único de Discapacidad (CUD) como requisito para acceder al beneficio.

También establece condiciones para el acceso y la permanencia en el sistema, entre ellas evaluaciones socioeconómicas y controles periódicos destinados a verificar el cumplimiento de los requisitos.

La pensión podrá cobrarse junto con un empleo

Otro de los cambios relevantes es la compatibilidad entre la pensión no contributiva y el trabajo registrado.

La nueva ley permite que una persona con discapacidad pueda incorporarse a un empleo formal, inscribirse en el monotributo o desarrollar una actividad dentro del régimen general sin perder automáticamente la pensión, siempre que sus ingresos individuales no alcancen o superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.

Si supera ese límite, el beneficio podrá suspenderse mientras se mantenga esa situación. En caso de que la relación laboral termine o los ingresos vuelvan a ubicarse por debajo del tope, la persona podrá solicitar la rehabilitación de la pensión.

La medida busca evitar que el acceso a un trabajo implique necesariamente la pérdida de una prestación económica que constituye un respaldo para muchas personas y sus familias.

Auditorías y controles sobre las pensiones

El texto también incorpora un sistema de auditorías periódicas a cargo de la Secretaría Nacional de Discapacidad, dependiente del Ministerio de Salud.

Para verificar los requisitos, el organismo podrá cruzar información con distintas dependencias públicas, entre ellas ANSES, ARCA y el Registro Nacional de las Personas (Renaper).

La ley establece un procedimiento administrativo para los casos en los que se detecten posibles incumplimientos. La persona alcanzada deberá ser notificada y tendrá la posibilidad de presentar un descargo antes de que se adopten medidas sobre el beneficio.

Este punto fue uno de los aspectos debatidos durante el tratamiento legislativo, debido a la preocupación de organizaciones y beneficiarios por el alcance de los controles y la necesidad de evitar suspensiones injustificadas.

Qué pasa con los prestadores y las deudas del Estado

La nueva norma también contempla la situación de los centros de atención, instituciones, profesionales, transportistas y demás prestadores que denunciaron atrasos en los pagos y dificultades para sostener sus servicios.

El Gobierno deberá publicar un cronograma para regularizar las compensaciones pendientes dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia de la ley. Además, establece un plazo máximo de 90 días para cancelar las deudas correspondientes a los trámites completados.

Otro aspecto central es la actualización de los aranceles del nomenclador de prestaciones, con el objetivo de evitar que los valores que reciben los prestadores pierdan poder adquisitivo frente a la inflación.

La ley también garantiza la continuidad de la cobertura médica a través del programa Incluir Salud para los titulares de las pensiones contempladas en el régimen.

Cómo se financiará el sistema

Para sostener las prestaciones, la norma establece que los recursos presupuestarios destinados al área no podrán ser inferiores, en términos reales, a los del período anterior.

En caso de que las partidas asignadas al Ministerio de Salud resulten insuficientes, se prevé la posibilidad de recurrir a fondos del Tesoro Nacional para cubrir las diferencias.

De esta manera, el proyecto busca establecer un respaldo presupuestario que permita dar continuidad a las prestaciones y evitar interrupciones por falta de financiamiento.

Una sanción unánime y el desafío de su cumplimiento

La aprobación en el Senado representó un amplio acuerdo político alrededor de una problemática que durante los últimos meses generó fuertes diferencias entre el Gobierno, la oposición y las organizaciones vinculadas con la discapacidad.

Aunque la sanción fue celebrada por entidades y familiares, también quedó planteada una preocupación: que los derechos reconocidos en el texto tengan una aplicación efectiva y que los recursos lleguen a quienes los necesitan.

La reglamentación, los controles, la actualización de los aranceles y la cancelación de las deudas serán algunos de los puntos que permitirán medir el alcance real de la nueva norma.

Con la aprobación definitiva, el Congreso estableció un marco permanente para el sistema de discapacidad. Ahora, la atención estará puesta en los próximos pasos del Poder Ejecutivo y en que las medidas previstas se traduzcan en mejoras concretas para las personas con discapacidad, sus familias y quienes trabajan en el sector.